El diputado federal potosino plantea cambios para evitar la duplicidad de documentos, acelerar trámites mediante la Afirmativa Ficta y llevar a nivel nacional un modelo de regulación inmobiliaria
El diputado federal potosino plantea cambios para evitar la duplicidad de documentos, acelerar trámites mediante la Afirmativa Ficta y llevar a nivel nacional un modelo de regulación inmobiliaria inspirado en San Luis Potosí.
San Luis Potosí vuelve a colocarse como referente dentro de una propuesta legislativa que busca modificar la manera en que ciudadanos, emprendedores, productores y compradores de vivienda enfrentan los trámites ante el gobierno.
El diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann presentó ante la Cámara de Diputados un paquete de iniciativas enfocado en reducir cargas burocráticas y otorgar mayor certeza jurídica a quienes realizan actividades económicas, agrícolas o inmobiliarias.
Las propuestas plantean modificaciones a distintos ordenamientos, entre ellos la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de Vivienda y normas relacionadas con el desarrollo rural y la actividad agraria.
La apuesta central es llevar la simplificación administrativa más allá de los discursos: que una persona no tenga que entregar varias veces la misma documentación, que existan plazos claros para las autoridades y que los avances en materia de trámites digitales no puedan revertirse fácilmente con cada cambio de administración.
Uno de los puntos centrales es establecer como un derecho que las autoridades no puedan solicitar documentos o información que ya se encuentre en poder del Estado.
La propuesta plantea que las dependencias intercambien esa información mediante herramientas digitales, con la finalidad de evitar que ciudadanos y empresarios tengan que recorrer distintas oficinas para presentar documentos que el propio gobierno ya posee.
Valladares también propone incorporar a la legislación el principio de Progresividad Regulatoria. La intención es evitar que los procesos de simplificación administrativa desaparezcan con el cambio de funcionarios o administraciones y que posteriormente vuelvan a exigirse requisitos que ya habían sido eliminados.
La propuesta adquiere relevancia en un país donde la digitalización y la simplificación de trámites se han convertido en una de las principales apuestas de la administración pública. La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos fue publicada en julio de 2025 y sustituyó a la anterior Ley General de Mejora Regulatoria.
Otro de los puntos que busca impulsar el legislador potosino es la aplicación de la Afirmativa Ficta.
En términos generales, el mecanismo plantea que cuando una autoridad no responda dentro del plazo establecido por la legislación, la solicitud pueda considerarse aprobada de manera automática.
La iniciativa contempla excepciones para asuntos considerados sensibles, particularmente aquellos relacionados con salud, seguridad o medio ambiente.
El objetivo es evitar que los ciudadanos queden atrapados durante semanas o meses esperando una respuesta administrativa que puede convertirse en un obstáculo para abrir un negocio, concretar una inversión o continuar con determinado procedimiento.
La propuesta de Valladares para fortalecer los derechos de las personas durante la gestión de trámites fue presentada ante la Cámara de Diputados en abril de 2026 y actualmente se encuentra en proceso legislativo.
Uno de los apartados que mayor relación tiene con San Luis Potosí es el referente al mercado inmobiliario.
El diputado propone crear un Registro Nacional de Profesionales Inmobiliarios, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), con el propósito de establecer estándares mínimos para quienes participan en operaciones de compraventa y arrendamiento.
La iniciativa plantea requisitos de profesionalización, entre ellos acreditar 120 horas de capacitación, además de mecanismos para transparentar los contratos y la información que reciben los consumidores.
El modelo tiene como antecedente una reforma aprobada en San Luis Potosí en noviembre de 2025, que estableció requisitos de capacitación y registro para los agentes inmobiliarios. El propio Valladares ha señalado que esa experiencia estatal es la base para llevar la regulación al ámbito federal.
La propuesta federal también busca fortalecer la protección de quienes adquieren una vivienda. Entre sus planteamientos se encuentra que los proveedores entreguen información clara, suficiente, verificable y completa antes de concretar una operación inmobiliaria.
De manera complementaria, Valladares trabaja con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en una propuesta para regular la intermediación inmobiliaria, con énfasis en contratos, transparencia de comisiones y mecanismos de protección para compradores y arrendatarios.
El paquete legislativo contempla además medidas dirigidas al sector agropecuario.
Una de las propuestas consiste en crear un Expediente Digital Único del Productor, con el propósito de concentrar información y documentación que actualmente puede ser requerida por distintas autoridades.
La intención es reducir la duplicidad de trámites e inspecciones, particularmente durante el traslado de cosechas y ganado, y facilitar que los productores puedan acreditar su información mediante herramientas digitales.
La lógica es similar a la planteada para emprendedores y ciudadanos: si el gobierno ya cuenta con determinada información, el productor no debería tener que presentar nuevamente los mismos documentos ante otra dependencia.
El legislador federal también planteó que las reformas respetarían las atribuciones de los Ayuntamientos establecidas en el artículo 115 constitucional.
La propuesta busca establecer desde el ámbito federal derechos relacionados con la gestión digital y la simplificación administrativa, sin intervenir directamente en las facultades municipales para regular actividades comerciales o administrar sus ingresos.
Para su implementación, el proyecto contempla aprovechar herramientas tecnológicas que ya existen, entre ellas Llave MX y la infraestructura de la Agencia de Transformación Digital, con la intención de evitar la creación de estructuras administrativas adicionales.
Las iniciativas, sin embargo, todavía forman parte del proceso legislativo y deberán ser analizadas y, en su caso, modificadas por las comisiones correspondientes antes de que puedan convertirse en reformas vigentes. En el caso de la propuesta inmobiliaria, la Cámara de Diputados reporta que fue turnada a comisiones para su análisis.
De aprobarse, el paquete representaría un cambio importante en la relación entre ciudadanos y autoridades: menos documentos repetidos, más procesos digitales y plazos definidos para las dependencias. Para San Luis Potosí, además, significaría llevar al escenario nacional un modelo de regulación inmobiliaria que comenzó a desarrollarse a nivel estatal.
