Arturo Medina reconoció la participación de autoridades locales; el comité de la ONU mantiene su llamado a examinar la crisis y ampliar la cooperación internacional.
El Gobierno de México reconoció ante Naciones Unidas que autoridades municipales han intervenido en desapariciones. El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, hizo el señalamiento durante la sesión de la Tercera Comisión de la Asamblea General, en Nueva York, donde defendió la estrategia de búsqueda y cuestionó el mecanismo internacional activado para examinar la situación del país.
La declaración adquiere relevancia porque incorpora a servidores públicos entre los responsables de un delito que, según la postura expuesta por Medina, actualmente cometen principalmente grupos criminales. El reconocimiento ocurrió ante un organismo que ha solicitado mayor cooperación para enfrentar las desapariciones y la crisis forense.
La delegación mexicana informó que durante 2026 fueron localizadas 16 mil personas y sostuvo que la mayoría estaba con vida. Esa cifra corresponde a un reporte gubernamental: la información presentada no desglosa cuántas personas fueron encontradas fallecidas ni las circunstancias de cada localización.
Los casos localizados tampoco permiten calcular por sí solos cuánto se ha reducido el universo de personas desaparecidas. Para conocer su evolución hacen falta registros comparables, fechas de corte y datos sobre nuevas denuncias, además del seguimiento individual de las investigaciones.
Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada, reconoció los avances comunicados por México y pidió que la cooperación internacional se mantenga en el tiempo. También insistió en que la Asamblea General examine la situación y considere formas de apoyo para la búsqueda, la identificación forense y la investigación.
El comité activó el artículo 34 de la convención sobre desapariciones forzadas, un procedimiento excepcional que permite llevar situaciones especialmente graves a la Asamblea General. Su aplicación abre una vía de atención internacional; por sí misma no equivale a una sentencia contra personas o instituciones.
Albán aclaró que el comité no encontró indicios de una política federal dirigida a cometer desapariciones. Al mismo tiempo, sostuvo que existen elementos para advertir prácticas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. La delegación mexicana mantuvo su desacuerdo con la interpretación y el alcance del procedimiento.
Para las familias, el seguimiento del caso pasa por resultados identificables: encontrar a sus seres queridos, recibir información verificable y conocer qué investigaciones avanzan. El reconocimiento de participación municipal coloca además bajo examen los controles sobre corporaciones locales y la capacidad de sancionar a funcionarios involucrados.
