La investigación federal busca esclarecer cómo habrían intervenido ciudadanos estadounidenses en un operativo realizado en la Sierra del Pinal, un caso que ha puesto bajo la lupa la
El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, acudió a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de la investigación federal que analiza la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas desarrollado en la Sierra del Pinal, ubicada en el municipio de Morelos.
La comparecencia ocurre en calidad de testigo y forma parte de una amplia indagatoria que busca determinar si existieron irregularidades relacionadas con la presencia de personal extranjero en actividades de seguridad dentro del territorio nacional.
De acuerdo con información proporcionada por la propia FGR, el exfuncionario aportó datos considerados relevantes para el esclarecimiento de los hechos. La dependencia detalló que hasta el momento se han realizado más de 120 diligencias ministeriales y cerca de 60 entrevistas con personas vinculadas al caso.
La investigación tiene su origen en un operativo efectuado en abril pasado, cuando autoridades localizaron un importante narcolaboratorio en una zona serrana de Chihuahua. Sin embargo, la atención pública se concentró en los reportes que señalaban la posible presencia de agentes estadounidenses, presuntamente relacionados con labores de inteligencia.
La controversia creció tras un accidente vehicular registrado al término de la operación, en el que perdieron la vida agentes estatales y ciudadanos estadounidenses que, según diversas versiones, estarían vinculados con actividades de apoyo en la estrategia de combate al narcotráfico.
Desde entonces, autoridades federales han buscado reconstruir la cadena de decisiones que permitió el desarrollo del operativo y esclarecer el alcance de la participación extranjera.
La Fiscalía General de la República confirmó además que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, fue convocada para proporcionar información relacionada con el caso.
No obstante, la dependencia precisó que su situación jurídica es distinta debido al fuero constitucional que posee como titular del Poder Ejecutivo estatal, por lo que su participación se limita al aporte de información que contribuya al avance de las investigaciones.
El caso ha reavivado la discusión nacional sobre los límites de la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, especialmente en regiones donde operan grupos del crimen organizado.
Especialistas en seguridad han señalado que la colaboración bilateral resulta fundamental para combatir estructuras criminales transnacionales. Sin embargo, también han subrayado que cualquier intervención debe realizarse dentro de los marcos legales establecidos y respetando plenamente la soberanía mexicana.
Mientras las investigaciones continúan, la FGR mantiene abiertas diversas líneas de análisis para determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales derivadas de la posible participación de agentes extranjeros en el operativo realizado en Chihuahua.
