La Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva de San Luis Potosí reportó una inversión conjunta de 48 millones 312 mil 998 pesos con 24 centavos en programas de atención y prevención de las violencias. Su titular, Roxanna Hernández Ramírez, presentó el balance ante la Comisión de Igualdad de Género del Congreso durante la glosa del quinto informe de gobierno.

El monto reúne siete millones de pesos de siete programas estatales y 41 millones 312 mil 998 pesos con 24 centavos de once programas federales, según el desglose expuesto por la funcionaria. La suma integra recursos de distintos programas; no corresponde exclusivamente a la operación de los Centros LIBRE.

Qué servicios reportó la dependencia

En su comparecencia, Hernández informó que la red de 33 Centros LIBRE atendió a 5,607 mujeres mediante más de 15 mil servicios de trabajo social, apoyo psicológico, orientación jurídica y acompañamiento. Los Centros de Justicia para las Mujeres reportaron, por separado, atención especializada a 2,875 mujeres.

Las atenciones y las personas beneficiarias son indicadores diferentes. Una misma usuaria puede recibir varias intervenciones, por lo que el número de servicios no representa necesariamente a igual cantidad de mujeres. Tampoco resulta adecuado sumar automáticamente los registros de instituciones distintas sin conocer si hay usuarias compartidas.

La cifra de 5,607 mujeres ya aparecía en la comunicación oficial del 8 de septiembre, cuando Semujeres anunció la ampliación de la red de 22 a 33 centros. Su presentación en octubre retoma ese balance y no permite atribuir toda la atención a las semanas transcurridas entre ambos anuncios.

Prevención y ejercicio del presupuesto

La dependencia también expuso actividades de sensibilización y capacitación dirigidas a 15,007 personas. El informe incluyó acciones de reeducación en género para hombres y la participación de lideresas comunitarias en la estrategia Tejedoras de la Patria.

Durante la glosa, los resultados fueron presentados como parte de la política estatal de protección y acompañamiento en las cuatro regiones. La revisión legislativa permite contrastar esas acciones con los recursos públicos destinados a cada programa y con la cobertura de los servicios.

Las cifras comunicadas describen actividad institucional. Para evaluar sus efectos sobre la seguridad y autonomía de las mujeres se necesita, además, información sobre continuidad de la atención, tiempos de respuesta, acceso territorial y seguimiento de los casos.

El balance deja dos planos para la rendición de cuentas: cuánto dinero se ejerció y qué resultados produjo. La existencia de más centros amplía los puntos de atención, mientras la evaluación de su funcionamiento requiere revisar la disponibilidad efectiva de personal y servicios.