Diputados avalan ley de austeridad

Con el voto en contra de PAN, PRI, y PRD, el pleno de la Cámara de Diputados avaló la Ley Federal de Austeridad Republicana, que solicitó el presidente López Obrador, la cual prohíbe a los funcionarios públicos de alto nivel trabajar en la iniciativa privada durante los siguientes 10 años tras dejar su cargo, para evitar conflictos de intereses.

La minuta –que alcanzó 321 votos a favor, 124 en contra y una abstención– fue enviada al Ejecutivo federal para su publicación, pero fue criticada por legisladores del PRI y del PAN, quienes acusaron errores en el procedimiento, pues se hizo una “adenda” o “modificación” en el artículo 13; sin embargo, los legisladores de oposición acusaron que eso era imposible, pues el Senado no había modificado ese precepto.

Los diputados aceptaron las modificaciones hechas por los senadores. El artículo 24 precisa que los servidores públicos que ocupen un puesto superior jerárquico y que tengan información privilegiada no pueden trabajar en la iniciativa privada por lo menos en 10 años, una vez que dejen el cargo, para evitar conflictos de intereses y corrupción, incluso esta disposición la criticaron Tatiana Clouthier y Lorena Villavicencio, de Morena, quienes lo consideraron como un “abuso”.

Contenido

Otro de los artículos polémicos de esta ley está en el 61, pues la oposición acusó que el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, tendrá “una partida secreta”, pues los ahorros de este ordenamiento se destinarán a los programas sociales o a donde determine el Presidente.

Este dictamen define que los funcionarios públicos no tendrán bonos especiales ni podrán hacer fiestas en sus oficinas, así como tampoco acudir en estado de ebriedad, ni ingerir bebidas alcohólicas en horario y centros de trabajo. También eliminaron las pensiones para los expresidentes y se prohíbe contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como seguros de gastos médicos privados, de vida o pensiones contrarias a la seguridad social que otorga el Estado.

La norma restringe a casos estrictamente necesarios el uso de escoltas y elementos de seguridad. Aunado a ello, se tipifica como “peculado” el disponer de servidores públicos miembros de alguna corporación policiaca, seguridad pública o de las Fuerzas Armadas, en el ejercicio de sus funciones, para otorgar seguridad personal.

Con información de cuarto poder

Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.