Justicia secuestrada por grupo sindical

Oaxaqueños principales afectados con la toma de juzgados.

A 3 días de paro de labores en las áreas administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial de Estado, los usuarios del servicio de justicia han sido los más afectados; dejando para reprogramación audiencias de especial importancia como: pensiones alimenticias, medidas cautelares en caso de violencia intrafamiliar, reconocimiento de paternidad, la escucha y convivencia de menores; en materia penal, ordenes de aprehensión, ampliación de términos constitucionales, control de detención en caso de delitos graves, suspensión condicional de los procesos,  entre otros.

Cabe mencionar que el Poder Judicial cuenta con 2,508 servidoras y servidores públicos, de los cuales 234 están adheridos al Sindicato de Empleados del Poder Judicial de Oaxaca e Instituciones Conexas, representando el 9.3 por ciento de la plantilla laboral.

Este grupo que ha paralizado los servicios de justicia en el estado, se escuda en un pliego petitorio que raya en la sinrazón; por ejemplo: exigen cambio de adscripción de personal de confianza y base de otros sindicatos; rotación de jueces a capricho del mismo; incursión del personal de base en los juicios orales, cuando en estos juzgados se trabaja las 24 horas, lo que generaría que la impartición de justicia se ajustara a las 5 horas que labora la base sindical.

Además obstaculizan el acceso a la justicia de los oaxaqueños por 3 ventiladores, un aire acondicionado, oficinas propias en sede judicial para atender sus asuntos sindicales, cuando ya ostentan un edificio que sufraga el propio tribunal, estímulos de “productividad”, pago de guarderías, apoyo de gasolina, libretas escolares y  mochilas para sus hijos, pago de outfits, prestación para ayuda dental, pensión para talleres recreativos, becas para estudios, pago inmediato de préstamos que ascienden a la cantidad de 10 millones de pesos y pago de eventos como el día del niño, día de la madre, padre, empleado, y más.

Es importante señalar que este gremio sindical, representado por su líder, Miguel Esteva Domínguez, a pesar de estar conformado por número reducido de integrantes, cuentan con salarios, prestaciones económicas y beneficios por encima de las y los trabajadores de confianza, entre ellas la revisión salarial anual con un promedio de aumento del 4.2 por ciento, cifra que representa una erogación para el PJE de 37 millones de pesos, garantía que desde hace años no cuentan los mandos medios y superiores.

Por otra parte, los sindicalizados de esta gremial perciben salarios que van de los 10 mil 627 pesos a los 15 mil 969 pesos netos mensuales, con un horario laboral de no mayor a cinco horas diarias, en tanto un trabajador de confianza percibe un sueldo 50% menor con jornada laboral de ocho o más horas.

Con todas las prerrogativas mencionadas, los sindicalizados buscan utilizar el cierre de instalaciones como medida de protesta para obtener otra lista de beneficios, que de manera económica generarían un colapso del Poder Judicial del Estado, incluso poner en riesgo que el resto de las y los trabajadores tengan asegurado su salario e incrementar la deuda institucional, que hasta ahora es de 200 millones de pesos, situación ya insostenible.

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